Fuente: Heraldo de Aragón, 13 de septiembre de 2016, pág. 24

«Frente a las voces que lo ponen en entredicho, dudamos mucho que si no existiera el Coaseguro pudieran cubrirse a precios razonables todos los riesgos, dado además que en España tenemos la mayor siniestralidad de Europa en sequías y granizadas»

España inició su andadura en el seguro agrario a principios del siglo XX. Será en 1978, cuando la nueva ley de seguros agrarios modificará el sistema, ante las continuas pérdidas que sufrían las compañías que participaban. Así, se creó un grupo de las compañías que participaban en el seguro agrario, y nació Agroseguro, como entidad que gestiona el seguro agrario: canaliza la comercialización de las pólizas, la valoración de los siniestros y el abono de las primas. De esta manera tenemos un sistema público-privado.

En los últimos meses en algunos medios están apareciendo noticias que ponen en entredicho el funcionamiento del seguro agrario español. Se dice que es un modelo monopolístico, donde el Coaseguro, no ha lugar a la competencia entre aseguradoras.

Quienes están a favor de crear un modelo nuevo, cuya corriente viene de los países del norte y centro de Europa, hablan de romper el esquema de funcionamiento actual, de manera que haya competencia entre las distintas aseguradoras y no se canalice ni el precio, ni el modelo de peritación de los siniestros, a través de Agroseguro.

Frente a esto, cabe decir, que dudamos mucho de que, si no existiera el Coaseguro, se fuesen a cubrir a precios razonables todos los riesgos. Además, conviene recordar que en España tenemos la mayor siniestralidad de Europa de granizadas y de sequía; y otros daños por viento, heladas, inundaciones, cinegéticos o de enfermedades del ganado. Añadamos que, de actuar las compañías de forma individual, aplicarían de manera más drástica el sistema ‘bonus-malus’, lo que dejaría fuera del sistema a muchas explotaciones.

El sistema funciona y eso lo demuestra el nivel de satisfacción de los usuarios (una reclamación por cada ocho mil pólizas suscritas). Todo es mejorable, y de hecho prácticamente todos los años aparecen nuevas coberturas o se modifican las condiciones de otras. De 1994 a 2015, y contando con la crisis económica del 2008, las primas contratadas se han incrementado en un 350% y el capital asegurado ha pasado de 5.000 millones de euros en 1998 a 12.000 millones en 2015. Cabe destacar la elevada contratación del plátano (100%), frutales (80%) y herbáceos (72%). En el lado opuesto los frutos secos y el olivar, que no alcanzan el 15%. Además, varios países pretenden implantar un sistema similar al nuestro.

En Italia y Francia, con riesgos similares a los nuestros, están en proceso de desarrollo de un modelo público-privado, con entidades aseguradoras no agrupadas, y seguros multirriesgo con subvención de las primas cofinanciadas por Europa a partir del reglamento 73/2009.

En Europa del Norte y Centro, los riesgos son diferentes. Apenas tienen problemas de sequía, y la incidencia del pedrisco es menor. En estos países el estado no subvenciona la prima y las compañías actúan individualmente o a través de mutuas. Insistimos: la naturaleza de los riesgos, la vulnerabilidad de las explotaciones y la percepción del riesgo es mucho mayor en nuestro país.

En EE.UU. tienen un modelo con fuerte apoyo estatal (Farm bill, 2014), basado en el programa Federal de seguros agrarios, donde las compañías no operan como un ‘pool’, y cuyas coberturas se basan en rendimientos e ingresos medios históricos.

Finalmente, creemos que España tiene un sistema de seguros agrarios del siglo XXI, y hay que trabajar para mejorarlo a partir del modelo existente.

Firman este artículo los doctores Javier
Lorén Zaragozano, presidente del
Consejo de Colegios de Ingenieros
Agrícolas de España y Alejandro Acero
Oliete, profesor de la EUPLA